JOSEP BERNABEU
No pagar las facturas a los proveedores agroalimentarios en los plazos previstos ahora puede costar caro. La nueva ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (LCA) que entró en vigor el pasado mes de enero, considera infracción grave el incumplimiento de los pagos a proveedores y castiga con sanciones de hasta 100.000 euros saldar las deudas fuera de plazo.
La nueva ley, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) establece –de acuerdo con otra ley, la de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales–, que es motivo de sanción pagar más allá de los treinta días cuando el aplazamiento del pago se refiere a la compra de productos de alimentación frescos y perecederos, o hacerlo sesenta días después si el aplazamiento corresponde a la adquisición de productos no perecederos.
La Ley de la Cadena Alimentaria, como se conoce popularmente la nueva norma, nace con el objetivo general de "frenar las prácticas abusivas que se venían produciendo en las relaciones entre los diferentes operadores de la cadena y para conseguir un mayor equilibrio y transparencia en todas las relaciones comerciales que se establecen entre ellos".
Entre las prácticas abusivas a las que que ahora se quiere poner coto, siempre han ocupado un lugar destacado los plazos de pago a proveedores. Normalmente largos y arbitrarios, han castigado con dureza a los eslabones más débiles de la cadena: las pymes y los autónomos. Para hacernos una idea aproximada, a finales de 2013 el periodo medio de pago en el sector privado aún era de 85 días. Curiosamente, las empresas con más recursos financieros son las que tradicionalmente tienen peores hábitos de pago. David contra Goliat.
